Suiza: la relojería de la neutralidad

Mecanismos diplomáticos, intereses bancarios y reconocimiento de Franco, 1936-1939

Hay palabras que visten bien. Avanzan por la Historia con ropa limpia, guantes blancos y una antigua reputación. Neutralidad es una de ellas. En Suiza, la palabra posee la solidez de una montaña, la respetabilidad de un tratado y la aparente dulzura de un refugio. Promete no elegir, no intervenir, no añadir la ambición de los poderosos a la desgracia de los demás. Parece decir: no somos parte, no somos bando, no somos guerra.

Pero la España de 1936 obliga a mirar esa palabra de otro modo. No para ensuciarla por comodidad ni para convertir cada prudencia diplomática en una conspiración, sino para despojarla de su leyenda. Una neutralidad nunca es puro silencio. Se escribe en circulares, prohibiciones, notas policiales, decisiones aduaneras, informes consulares, negativas de armas, tolerancias comerciales, protecciones bancarias y reconocimientos aplazados. Tiene una gramática. Tiene beneficiarios. Tiene sus miedos.

Los documentos diplomáticos suizos conservados por Dodis permiten observar esa gramática en funcionamiento.¹ Ante la Guerra de España, la Confederación actuó primero como un Estado preocupado por sus ciudadanos: proteger a los suizos establecidos en España, organizar repatriaciones, mantener puestos consulares, hacer circular información y evitar que la crisis española se convirtiera en una crisis suiza. Esta primera cara de la neutralidad es real y sería injusto negarla. Alimenta, alberga, evacua, registra y socorre.

Pero casi inmediatamente aparece una segunda cara, más dura. Mira a la República española a través del miedo al desorden social. Vigila a la izquierda suiza cuando pretende ayudar al Gobierno legal de Madrid. Prohíbe colectas, salidas de voluntarios y apoyos materiales. Bloquea las armas en nombre de una igualdad formal entre dos bandos que no son iguales: de un lado, un Gobierno surgido de la legalidad republicana; del otro, una insurrección militar. Protege a las empresas y a los acreedores, se niega a intervenir sobre los capitales españoles depositados en Suiza, especialmente cuando probablemente pertenecen a sectores de derecha próximos a Franco y Mola, establece relaciones de hecho con Burgos y busca finalmente el momento oportuno para reconocer al vencedor.

La neutralidad suiza tuvo, por tanto, dos rostros. El del refugio y el de la caja fuerte.

Julio de 1936: Madrid, protección y miedo

Cuando estalló la sublevación militar en España, la representación suiza en Madrid se enfrentó inmediatamente al desorden, los peligros de la calle, la incertidumbre de las comunicaciones y el pánico entre sus ciudadanos. El 23 de julio de 1936, pocos días después del golpe, la Legación suiza ya trataba de poner a salvo a los miembros más expuestos de la colonia helvética. La guerra nacida de la rebelión militar fue percibida en primer lugar como una amenaza contra las personas, los edificios, los bienes y las familias.²

Hay que reconocerlo: la Administración suiza protege. No abandona a los suyos. Busca lugares seguros, organiza la acogida y transmite instrucciones. Cuando el ministro K. Egger, ausente de Madrid al comenzar la sublevación porque había salido de vacaciones el 11 de julio, fue criticado en Suiza, un informe del Departamento Político explicó que su regreso habría sido peligroso, quizá imposible y de escasa utilidad. Su residencia privada en Madrid, más segura que la cancillería situada en el centro de la ciudad, sirvió de refugio a más de ochenta suizos. También aquí la neutralidad tenía el rostro de una casa abierta.³

Pero esa mirada protectora no tardó en adquirir una dimensión política. El 29 de julio de 1936, E. Fontanel, encargado de negocios interino en Madrid, escribió a Berna que el «bolchevismo» amenazaba con extenderse por las zonas donde la rebelión no había triunfado. Hablaba de la implantación progresiva del «sistema soviético», de «milicias rojas», requisas y ataques contra intereses suizos. Señalaba, entre otros casos, que Nestlé habría tenido que entregar mercancías por valor de unas 800.000 pesetas.⁴

La frase administrativa se vuelve reveladora. La República legal deja de ser únicamente el Gobierno atacado por unos generales rebeldes y pasa a convertirse, en la mirada suiza, en el lugar posible de una revolución social. El peligro ya no es solo la guerra. El peligro es el pueblo armado, los sindicatos, los comités, las milicias y las colectivizaciones. El miedo a la violencia existe, naturalmente. Pero el miedo a la propiedad amenazada habla todavía más alto.

Fontanel reconoce, sin embargo, que las autoridades republicanas muestran, en la medida de lo posible, corrección y vigilancia.⁵ La precisión es esencial. Impide leer los informes suizos como simples panfletos contra Madrid. Pero hace aún más instructivo su tono: incluso cuando las autoridades republicanas actúan correctamente, el imaginario diplomático suizo continúa dominado por el espectro rojo. La República es legal, pero sospechosa. Los insurgentes son ilegales, pero parecen portadores de orden.

Esta es la primera grieta. La neutralidad todavía no ha elegido a Franco. Pero ya ha elegido sus palabras.

Agosto de 1936: el embargo suizo y la simetría injusta

El 5 de agosto de 1936, Rudolf Minger, jefe del Departamento Militar, informó a Giuseppe Motta de que se estaban realizando gestiones españolas para comprar material de guerra en Suiza. Existían contactos, entre otros, con Oerlikon. El Gobierno de Madrid, atacado por una insurrección militar, buscaba armas. Berna comenzó entonces a estudiar un embargo general sobre las exportaciones de armamento a España.⁶

El 11 de agosto, Motta presentó al Consejo Federal una propuesta para prohibir la exportación, reexportación y tránsito de armas, municiones y material de guerra con destino a España, sus posesiones y la zona española de Marruecos. El texto resulta jurídicamente significativo: reconocía que la Convención de La Haya de 1907 no obligaba necesariamente a un Estado neutral a prohibir las exportaciones privadas de material militar siempre que ambas partes fueran tratadas de la misma manera.⁷

En otras palabras, el embargo suizo no era consecuencia automática de una obligación jurídica. Era una decisión política presentada como exigencia de la neutralidad.

La medida parece equitativa: ni armas para Madrid ni armas para los insurgentes. Pero la igualdad formal puede producir una injusticia real. La Guerra de España no comenzó con dos Estados beligerantes declarándose mutuamente la guerra. Comenzó con una rebelión militar contra un Gobierno legal. Prohibir indistintamente la compra de armas equivalía, por tanto, a colocar al Gobierno agredido y al agresor en el mismo plano. La neutralidad suiza fabrica una simetría allí donde la Historia había producido una asimetría.

La fórmula podría parecer abstracta. No lo es. El Gobierno republicano intentaba efectivamente comprar armas. Los insurgentes, en cambio, ya recibían o recibirían muy pronto el apoyo decisivo de la Alemania nazi, la Italia fascista y el Portugal salazarista. En esas condiciones, la neutralidad de las democracias y de los países neutrales no equilibraba el conflicto: pesaba sobre aquel que más dependía de los circuitos legales.

Suiza no ayudaba a Franco enviándole oficialmente armas. Pero privaba a Madrid de una posibilidad de adquirirlas.

Esa es la fuerza de las decisiones impecables: no manchan las manos; simplemente modifican la relación de fuerzas.

La neutralidad contra los voluntarios, el dinero y la izquierda

El 14 de agosto de 1936, el Consejo Federal adoptó otra medida: prohibió a quienes abandonaran Suiza participar en las hostilidades en España, salvo que fueran ciudadanos españoles. Prohibió también apoyar o favorecer desde territorio suizo las operaciones militares españolas. La Dirección General de Correos y Telégrafos recibió instrucciones de no aceptar ni transmitir envíos de dinero destinados a ese apoyo.⁸

El texto apuntaba claramente a los círculos socialistas y comunistas suizos. Mencionaba periódicos, reuniones, llamamientos de apoyo a la República española, colectas y el proyecto de unos treinta comunistas de Zúrich que pretendían viajar a París y después a España. Varios fueron detenidos en Basilea.⁹ La Administración nombraba abiertamente su preocupación: la guerra española estaba produciendo en Suiza efectos políticos susceptibles, según ella, de amenazar la seguridad exterior de la Confederación.

Pero el pasaje decisivo aparece en otro lugar. El acta reconocía explícitamente que la actuación de los partidos suizos de izquierda no consistía en apoyar una rebelión contra un Gobierno extranjero. Consistía, por el contrario, en favorecer al Gobierno español legal. Y el texto añadía que, desde el punto de vista estricto de la neutralidad, Suiza no estaba necesariamente obligada a intervenir contra esos actos de apoyo.¹⁰

Intervino, sin embargo.

¿Por qué? Porque el futuro era incierto. El documento contemplaba la hipótesis de que un Gobierno «nacional» terminara llegando al poder en España. En ese caso, una ayuda material concedida al antiguo Gobierno podría crear dificultades a Suiza. La confesión resulta notable: desde agosto de 1936, la neutralidad suiza empieza a regularse según la posibilidad de una victoria franquista. Ya no se limita a prohibir la guerra. Previene los reproches del posible vencedor.

La neutralidad se convierte entonces en policía de la solidaridad. No vigila únicamente las fronteras; vigila también las conciencias organizadas. Impide que los hombres partan, que el dinero circule y que las colectas crezcan.

Los insurgentes reciben la ayuda de las dictaduras. Madrid recibe los sermones de la prudencia.

Oerlikon, México y las armas de destino incierto

El caso Oerlikon revela otro límite de la neutralidad. En septiembre de 1936, el Departamento Político se preocupó por un envío de armamento destinado oficialmente a México. La Legación mexicana en París había solicitado material a Oerlikon y se había firmado un contrato a comienzos de agosto. Según la información disponible, incluía cañones antiaéreos automáticos de 20 milímetros y decenas de miles de cartuchos. La Dirección General de Aduanas hablaba de cincuenta cañones y 77.000 cartuchos. Las cajas indicaban como destino oficial: Ministerio de Guerra mexicano, Veracruz.¹¹

Pero Berna se preguntó si el cargamento no podía haber sido desviado hacia España. La sospecha era seria. Basta para mostrar que, en la práctica, el embargo necesitaba certificados, aduanas, controles, declaraciones y buena fe comercial. Un arma no dice siempre adónde va. Puede cambiar de destino sin cambiar de etiqueta.

El Departamento Militar reconoció que quizá habría que adoptar medidas más restrictivas, pero retrocedió ante la dificultad. El asunto era delicado: Suiza no tenía interés en hacer desaparecer negocios de carácter legal; el país sufría desempleo; Oerlikon proporcionaba trabajo y la fábrica de municiones de Altdorf producía las vainas de latón. El empleo en el cantón de Uri también contaba.¹²

Este pasaje deja al descubierto el doble rasero práctico. La neutralidad es firme cuando se trata de colectas obreras o de la salida de voluntarios. Se vuelve vacilante cuando afecta a la industria, al empleo, los pedidos extranjeros y las cadenas de producción. Los documentos disponibles establecen aquí la sospecha de las propias autoridades suizas, no la demostración completa del destino final del armamento. Pero esa sospecha ya resulta significativa: Berna sabía que el embargo podía eludirse y sabía también que un endurecimiento absoluto perjudicaría a sus propios intereses industriales.

Se sabía prohibir el dinero de los militantes. Se dudaba bastante más ante los cañones de Oerlikon.

La neutralidad suiza no era un muro. Era una frontera con ventanillas.

1936: relaciones de hecho con la España de Franco

Desde septiembre de 1936 comenzaron a establecerse relaciones con las autoridades nacionalistas a través de los consulados. El cónsul suizo en Sevilla, M. R. Stierlin, recibió autorización de Berna para mantener relaciones de hecho con las autoridades locales. Respondió que no había podido evitarlas: eran necesarias para proteger a los ciudadanos suizos.¹³

El argumento es sólido. La primera obligación de un cónsul consiste en proteger a los suyos y debe hablar con las autoridades que controlan el territorio, sean cuales sean. Pero la descripción que Stierlin ofrecía de la zona nacionalista superaba la mera necesidad práctica. Presentaba a sus autoridades como serviciales, describía una situación de orden y seguridad para personas y bienes y la contraponía a la zona republicana, dominada, según él, por organizaciones obreras como UGT, PC, CNT y FAI y por una autoridad gubernamental disuelta en la calle.¹⁴

Una nota de 24 de septiembre de 1936 sobre la protección de los intereses suizos en España confirma esa organización. Enumeraba los puestos helvéticos de Madrid, Barcelona, Sevilla, San Sebastián, Valencia, Málaga, Santander, Bilbao y Baleares. Suiza solicitaba asimismo ayuda de Alemania, Francia, Reino Unido, Italia y Portugal para proteger a sus ciudadanos allí donde no pudiera acceder a un consulado. La colonia suiza era estimada en unas 3.600 personas; aproximadamente 2.000 ya habían regresado al país, sobre todo desde las zonas controladas por el Gobierno de Madrid.¹⁵

El documento muestra una Administración eficaz: ayudas, créditos, repatriaciones, cambios preferentes, correos y búsquedas de personas. Se vigilaban los pisos abandonados en Madrid y Barcelona y se identificaban como patrimonio helvético cuentas, depósitos y cajas de seguridad de ciudadanos suizos en bancos españoles.¹⁶

Pero también aquí la protección de las personas se transforma en inventario patrimonial. La nota juzgaba con gran severidad el trato recibido por las empresas suizas en la zona republicana: control por consejos obreros, mercancías entregadas sin pago, obligación de mantener salarios, incautaciones y desplazamiento de directivos y empleados suizos. Las protestas no producían resultados. La consigna pasó a ser: ganar tiempo.¹⁷

Ganar tiempo: quizá toda la política suiza en España pueda resumirse en esa expresión. Ganar tiempo hasta que regresara el orden. Ganar tiempo hasta recuperar los bienes.

Ganar tiempo hasta saber quién iba a ganar.

La caja fuerte: los fondos españoles depositados en Suiza

En aquella misma nota del 24 de septiembre de 1936, un documento confidencial ofrece quizá una de las claves más reveladoras de todo el expediente. Fontanel había propuesto inmovilizar los fondos españoles depositados en bancos suizos para compensar las pérdidas sufridas por intereses helvéticos en España. Motta se negó.¹⁸

Sus razones resultan instructivas. En primer lugar, la medida constituiría una represalia contra particulares. En segundo lugar, dañaría la reputación de Suiza como refugio absolutamente seguro. Y, finalmente, el elemento decisivo: los capitales españoles depositados en Suiza pertenecían probablemente sobre todo a círculos españoles de derecha próximos al movimiento de Franco y Mola. Los suizos residentes en zonas controladas por Burgos estaban, además, relativamente protegidos. Si los insurgentes acababan venciendo, la incautación de esos activos podría perjudicar posteriormente a los intereses helvéticos en la España franquista.¹⁹

Ahí aparece la neutralidad bancaria en toda su pureza. No hay que tocar los depósitos. No solo porque Suiza se considere jurídicamente prudente, sino porque su reputación como caja fuerte constituye un capital político. No se protegen únicamente los suizos residentes en España. Se protege a Suiza como lugar donde el dinero extranjero puede dormir sin ser molestado.

Y si ese dinero pertenece a sectores españoles de derecha próximos a los insurgentes, existe un motivo suplementario de prudencia: no incomodar a quienes quizá gobiernen mañana.

La neutralidad es aquí menos una doctrina que una cerradura.

1937: prensa republicana y neutralidad postal

En abril de 1937, la Legación de España en Berna protestó contra las instrucciones de la Administración postal suiza. Dieciocho periódicos españoles editados en territorio republicano, entre ellos La Vanguardia, estaban sometidos a confiscación. También se veían afectados impresos de la Generalitat de Cataluña, del Comisariado de Propaganda de Barcelona y del Ministerio de Propaganda de Valencia.

La Legación señalaba que ninguna publicación procedente de la zona rebelde figuraba en la lista y que, del lado insurgente, solo había sido afectado el centro de propaganda de Falange Española en Valladolid.²⁰

Hay que ser precisos: se trata de una protesta de la Legación republicana y, por tanto, de un documento situado. Pero la continuación demuestra que existían al menos motivos para corregir la medida, puesto que Berna volvió a autorizar la entrada de La Vanguardia. A cambio, Suiza pidió que varios periódicos helvéticos, Neue Zürcher Zeitung, Basler Nachrichten, Weltwoche, Der Bund, Gazette de Lausanne y Journal de Genève, pudieran llegar normalmente a sus destinatarios en la España republicana.²¹

Una vez más, la neutralidad se convierte en control de circulación. Después de las armas, los voluntarios y el dinero, llegan los periódicos. La imparcialidad proclamada produce medidas postales cuya asimetría denuncia la República. La guerra también se libra con palabras, folletos, periódicos, boletines e imágenes.

Suiza no controla únicamente sus fronteras. También controla sus sacas postales.

1937: reconocimiento de facto sin pronunciar la palabra

En 1937, las relaciones con Burgos adquirieron mayor consistencia. La Oficina Suiza de Expansión Comercial inició negociaciones con las autoridades franquistas para alcanzar un acuerdo económico provisional sobre los intercambios hispano-suizos. Paul Brand viajó a Salamanca y Burgos y negoció con el gabinete diplomático del jefe del Estado, la Secretaría de Estado dirigida por Nicolás Franco, hermano del general, y la Junta de Burgos. El proyecto de acuerdo estaba preparado y había sido aceptado por la parte suiza.²²

Pero Burgos se negó a firmarlo mientras Suiza no reconociera al Gobierno nacionalista la condición de parte beligerante. La economía se convertía en palanca política. Franco todavía no había recibido la palabra que quería.

Retenía, por tanto, los negocios.²³

El acta del Consejo Federal del 3 de agosto de 1937 es uno de los documentos más importantes de todo el expediente. Define la línea suiza: relaciones oficiales con Valencia y relaciones personales y de hecho con Franco. Suiza no reconocía formalmente al Gobierno franquista, pero mantenía ya con él relaciones prácticas extensas.

Bernabé Toca, representante oficioso de Franco en Berna, disfrutaba de contactos con el Departamento Político, telegramas cifrados, facilidades para vehículos, exenciones aduaneras y fiscales, matrícula CD, gasolina libre de derechos y una placa de representación. Se toleraba el uso de la denominación Estado Español y también la bandera nacionalista, siempre que aquellos signos no se convirtieran en provocación.²⁴

El documento dejaba deliberadamente abierta la cuestión de si esas relaciones de hecho constituían un reconocimiento de facto o un reconocimiento de la condición de beligerante. Más aún: admitía que podía reprocharse a la fórmula adoptada que realizara prácticamente el reconocimiento de facto de la España franquista sin declararlo expresamente.²⁵

Es una confesión de extraordinaria calidad administrativa. Suiza sabe lo que hace. Sabe que reconoce sin reconocer. Sabe que construye una ficción útil. Sabe que concede a Burgos lo suficiente para preservar sus intereses, pero no tantas palabras como para romper todavía con Valencia, París o Londres.

La neutralidad se convierte en arte de la penumbra: suficientes hechos para que Franco comprenda; no suficientes declaraciones para que la República pueda protestar plenamente.

1938: los bancos suizos entran en la negociación con Burgos

A finales de 1938, la Asociación Suiza de Banqueros recordó al Departamento Político que importantes intereses financieros helvéticos permanecían bloqueados en España desde 1936. Se estaban negociando acuerdos comerciales con el Gobierno de Burgos. Los banqueros temían que pudiera concederse a las autoridades nacionalistas una cuota de divisas libres dentro de un sistema de compensación y pidieron que las acreencias financieras suizas quedaran protegidas.²⁶

Al día siguiente, el Departamento Político apoyó la petición ante el Departamento de Economía Pública. Los argumentos de los banqueros, afirmaba, merecían toda atención. Había que evitar que los acreedores financieros se quedaran con las manos vacías y procurar que obtuvieran al menos una posición equivalente a la de los acreedores por mercancías pendientes de pago.²⁷

La neutralidad abandona aquí el noble vocabulario del derecho internacional y entra en su contabilidad real: divisas libres, compensaciones, créditos, derechos reservados y orden de pago. Nada de ello es ilegal. Un Estado defiende a sus ciudadanos y sus intereses. Pero hay que nombrar lo que ocurre: el Estado suizo incorpora las preocupaciones bancarias a su negociación con Burgos.

La neutralidad se convierte en diplomacia de acreedores.

Y mientras se discuten las acreencias, la República se agota.

1939: reconocer a Franco antes de llegar demasiado tarde

Enero de 1939. Barcelona está a punto de caer. La República retrocede hacia la frontera francesa. El desenlace militar parece casi decidido.

El 24 de enero, Hans Frölicher, ministro de Suiza en Berlín, escribió a Motta proponiendo una evolución de la política helvética. Hasta entonces, Suiza reconocía de jure al Gobierno republicano y mantenía únicamente relaciones de facto con Franco. Frölicher consideraba que esa situación suponía ahora un trato preferente a la República, cada vez menos justificable puesto que la victoria final de Franco parecía cercana.

Propuso una fórmula original: reconocer oficialmente a ambos Gobiernos, cada uno dentro del territorio que controlaba. Las relaciones con la República cesarían automáticamente si esta desaparecía en España.²⁸

La carta resulta reveladora por dos motivos. Primero, presenta el reconocimiento de Franco como una exigencia de igualdad neutral. Segundo, añade que semejante gesto favorecería el prestigio de Suiza ante los Estados autoritarios. Frölicher escribe desde Berlín. El detalle no es decorativo. Ilumina el contexto. El reconocimiento de Franco no afecta únicamente a España: se inscribe dentro de la Europa de las dictaduras, los vecinos peligrosos, los cálculos de supervivencia y las señales diplomáticas.²⁹

Motta anotó la carta señalando que era muy interesante y coincidía con las opiniones que él mismo había expresado el día anterior. La evolución no era, por tanto, una ocurrencia aislada.³⁰

El 1 de febrero, E. Broyé, representante del Consejo Federal ante Burgos, respondió a Motta acerca de las ventajas de reconocer de jure al Gobierno nacional. Fue extraordinariamente franco. Las ventajas serían morales y materiales. Suiza obtendría facilidades de establecimiento, mejor acogida para sus peticiones, prioridad en contingentes, compensaciones, concursos y operaciones comerciales.

Broyé añadía que el Gobierno nacional español pretendía clasificar a sus amigos según el orden cronológico en que hubieran manifestado su adhesión. Alemania, escribía, ya se había llevado «la parte del león».³¹

Ya no se habla de moral.

Se habla del puesto en la cola.

Reconocer pronto significa ser servido antes. Reconocer tarde significa llegar después de Alemania, después de Italia y después de los amigos más diligentes del régimen.

La neutralidad, de repente, mira el reloj.

Broyé veía, sin embargo, el peligro. Después de la caída de Barcelona quedaban todavía alrededor de doscientos suizos en territorio republicano, además de asilados bajo protección helvética en Madrid. Un reconocimiento demasiado rápido podía provocar represalias contra personas, bienes, archivos, la cancillería o la agencia consular de Valencia. Había que trasladar, si era posible, a los asilados a la protección de una tercera potencia y repatriar a los compatriotas. De no ser posible, convenía esperar a la caída de Madrid.³²

La pregunta ya no era: ¿hay que reconocer a Franco?

Era: ¿cuándo reconocerlo sin perder aquello que todavía queda por proteger?

14 de febrero de 1939: los intereses suizos cambian de soberano

El 14 de febrero de 1939, el Consejo Federal examinó formalmente las relaciones con el Gobierno de Franco. El informe comenzaba por la entrada de las tropas nacionalistas en Barcelona el 26 de enero y la ocupación del resto de Cataluña. Cataluña era descrita como el territorio económicamente más importante de España y aquel en el que se concentraba ahora la mayor parte de los intereses suizos.³³

El texto enumeraba esos intereses con precisión casi notarial: Nestlé; las empresas textiles Dubler y Bébié; filiales españolas de compañías aseguradoras suizas; cuentas corrientes y de ahorro; depósitos bancarios; acciones; títulos; máquinas; automóviles; muebles; bienes intervenidos; empresas colectivizadas; propietarios, directivos, apoderados y empleados que debían ser restituidos en sus derechos.³⁴

Podría parecer el acta de una decisión diplomática.

También se lee como el inventario de una restauración patrimonial esperada.

En comparación, los intereses situados todavía en la zona republicana parecían haberse reducido: ciudadanos suizos en Madrid, Valencia y Alicante, objetos y títulos depositados en la cancillería y asilados españoles bajo protección helvética. Seguían contando humanamente, pero pesaban menos en la balanza económica. El centro de gravedad había cambiado. Los bienes más importantes se encontraban ya bajo autoridad franquista.

Por ello, señalaba el informe, resultaba conveniente reforzar la posición de Broyé ante Burgos incluso al precio de reconocer al Gobierno nacional.³⁵

La propuesta era inequívoca: solicitar el agrément para nombrar a Broyé enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de Suiza ante el Gobierno nacional español e informar al representante republicano, Fabra Ribas, de que las relaciones de Suiza con su Gobierno terminaban.³⁶

La República no fue abandonada únicamente porque estaba perdiendo la guerra.

Fue abandonada cuando los intereses suizos ya habían pasado al otro lado del frente.

Conclusión: el refugio y la caja fuerte

Los documentos suizos no dicen que la Confederación fuera franquista desde julio de 1936. Sería una fórmula demasiado cómoda, demasiado perezosa y casi contraria a los archivos. Suiza protegió a ciudadanos en ambas zonas, mantuvo canales con Valencia, evitó una ruptura demasiado temprana, desconfió de los gestos espectaculares y actuó a menudo como un pequeño Estado atrapado dentro de una Europa peligrosa.

Pero esos mismos documentos dicen otra cosa con una constancia imposible de ignorar. La neutralidad suiza no fue un vacío. Fue un dispositivo. Frenó la ayuda al Gobierno legal, vigiló a la izquierda, prohibió apoyos materiales a la República, temió al bolchevismo, protegió depósitos, se negó a bloquear fondos pertenecientes probablemente a las derechas españolas, cuidó las relaciones con Burgos, normalizó los contactos de hecho, defendió a sus acreedores, calculó el momento del reconocimiento y finalmente reconoció a Franco cuando los principales intereses helvéticos habían pasado bajo su autoridad.

Su primera cara fue defensiva y consular: salvar personas, repatriar, alimentar, transmitir y albergar. La segunda fue económica y política: preservar capitales, empresas, bancos, posiciones comerciales y relaciones con el probable vencedor. Entre ambas no existe siempre contradicción. Existe continuidad de Estado. Proteger a los suizos significaba también, para Berna, proteger sus bienes, sus cuentas, sus fábricas, sus acreencias, sus depósitos y sus derechos de propiedad.

La neutralidad suiza no eligió siempre como eligen las grandes potencias, mediante tropas, tratados de alianza y proclamaciones. Eligió mediante procedimientos, prohibiciones, plazos, facilidades concedidas, palabras evitadas y relaciones llamadas «de hecho».

Eligió mediante el arte de no llamar reconocimiento a aquello que, en la práctica, ya lo era.

Entre 1936 y 1939, la neutralidad suiza tuvo realmente dos caras. Una ofrecía refugio. La otra guardaba las llaves de la caja fuerte.

Y cuando Franco entró en Barcelona, no fue únicamente un ejército lo que modificó el mapa diplomático de Berna. Fueron fábricas, cuentas, títulos, seguros, máquinas y propietarios que debían recuperar sus posiciones.

Suiza no abandonó a la República por una pasión franquista oficialmente proclamada. Hizo algo más discreto, más helvético y más eficaz:

siguió sus intereses hasta el vencedor.

Esta cronología documental se prolonga en «La caja fuerte de la neutralidad», donde se examinan más directamente las consecuencias políticas, financieras y morales de la neutralidad suiza.

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Notas y fuentes

1. Las principales referencias utilizadas en este capítulo proceden de Dodis – Documentos Diplomáticos Suizos, especialmente de los expedientes relativos a España durante la guerra de 1936-1939: Dodis 46191, 46192, 46195, 46197, 46198, 46200, 46209, 46211, 46217, 46219, 46324, 46370, 46725, 46764 y 46784. El análisis distingue los hechos establecidos, las apreciaciones de los diplomáticos y la interpretación histórica. ↩
2. Dodis 46191, Legación de Suiza en Madrid, 23 de julio de 1936. El documento describe las primeras medidas adoptadas para reagrupar y proteger a ciudadanos suizos en un contexto de comunicaciones difíciles, violencia urbana e incertidumbre sobre la evolución de la sublevación militar. ↩
3. Dodis 46219, «Informe sobre el comportamiento del ministro K. Egger durante el estallido de la Guerra Civil española». Egger había salido de Madrid el 11 de julio de 1936 para disfrutar de unas vacaciones ordinarias. Los días 22 y 23, el Departamento Político le desaconsejó intentar un regreso considerado peligroso y de poca utilidad. El informe recuerda que puso su residencia privada de Madrid a disposición de la Legación, donde fueron alojados y alimentados más de ochenta suizos. ↩
4. Dodis 46192, E. Fontanel, encargado de negocios interino de Suiza en Madrid, a P. Bonna, Madrid, 29 de julio de 1936. Fontanel expresa el temor a una expansión del «bolchevismo» en la zona republicana, menciona requisas, amenazas contra hoteleros suizos y la entrega forzosa de mercancías por Nestlé por un valor aproximado de 800.000 pesetas. ↩
5. En el mismo informe de 29 de julio de 1936, Fontanel señala que las autoridades republicanas muestran, «en la medida de lo posible», corrección y vigilancia, especialmente frente al uso abusivo de la cruz federal en lugar de la Cruz Roja. Esta precisión matiza el tono muy alarmista del informe. ↩
6. Dodis 46195, Rudolf Minger, jefe del Departamento Militar, a Giuseppe Motta, jefe del Departamento Político, Berna, 5 de agosto de 1936. Minger informa sobre gestiones españolas destinadas a adquirir material de guerra en Suiza, especialmente de Maschinenfabrik Oerlikon, y propone estudiar un embargo general. ↩
7. Dodis 46198, propuesta del jefe del Departamento Político, G. Motta, al Consejo Federal, Berna, 11 de agosto de 1936. El texto recuerda que la Convención de La Haya de 18 de octubre de 1907 sobre derechos y deberes de las potencias neutrales en caso de guerra terrestre no obliga a prohibir las exportaciones o el tránsito privado de material de guerra siempre que las partes sean tratadas por igual, pero concluye proponiendo una prohibición completa. ↩
8. Dodis 46200, Consejo Federal, acta de la sesión de 14 de agosto de 1936, n.º 1372, «Verbot der Teilnahme an den Feindseligkeiten in Spanien». El Consejo Federal prohíbe abandonar Suiza para participar en las hostilidades, salvo a ciudadanos españoles, y prohíbe toda ayuda o apoyo desde Suiza a las operaciones militares en España. ↩
9. Ibid. La propuesta menciona los llamamientos de la prensa socialista y comunista, reuniones de solidaridad, colectas, una cuenta postal de Zúrich y el proyecto de unos treinta comunistas de esa ciudad de abandonar Suiza por Basilea y París para dirigirse a España. ↩
10. Ibid. Pasaje central: el texto admite que no se trata de apoyar una insurrección contra un Gobierno extranjero, sino de favorecer al Gobierno legal, y añade que, desde el punto de vista de la neutralidad, Suiza no está obligada a intervenir contra tales actos. Considera, sin embargo, necesaria una medida en nombre de la seguridad exterior. ↩
11. Dodis 46209, R. Minger a G. Motta, Berna, 5 de septiembre de 1936. El expediente se refiere a envíos de Oerlikon oficialmente destinados a México y marcados «Mexikanisches Kriegsministerium Veracruz», pero que el Departamento Político sospechaba que podían ser desviados hacia España. Las cifras varían entre los servicios: Oerlikon menciona 25 o 30 cañones de 20 mm y 60.000 cartuchos; la Dirección General de Aduanas habla de 50 cañones y 77.000 cartuchos. ↩
12. Ibid. El Departamento Militar señala que unas medidas más restrictivas resultarían delicadas: Suiza no tiene interés en alejar negocios legales, pesa el desempleo, Oerlikon mantiene pedidos extranjeros y la fábrica de municiones de Altdorf proporciona las vainas de latón, una actividad considerada importante para el cantón de Uri. ↩
13. Dodis 46211, M. R. Stierlin, cónsul de Suiza en Sevilla, a P. Bonna, Sevilla, 8 de septiembre de 1936. Berna informa a Stierlin de que todavía no es posible reconocer al Gobierno de Burgos, pero lo autoriza a mantener relaciones de hecho con las autoridades nacionalistas locales. ↩
14. Ibid. Stierlin describe a las autoridades nacionalistas de Sevilla como serviciales y garantes del orden y la seguridad de personas y bienes, contraponiendo esa situación a la zona gubernamental, donde la documentación de circulación estaría sometida al visado o expedición de organizaciones obreras como UGT, PC, CNT y FAI. ↩
15. Dodis 46217, División de Asuntos Exteriores del Departamento Político, «Wahrung der schweizerischen Interessen in Spanien», Berna, 24 de septiembre de 1936. La nota enumera los puestos suizos en España, nuevas agencias y corresponsales consulares y las gestiones realizadas ante varios Gobiernos europeos para obtener protección consular o permitir el embarque de ciudadanos suizos en sus buques. ↩
16. Ibid. El documento estima la colonia suiza en unas 3.600 personas e indica que aproximadamente 2.000 ya habían regresado, principalmente desde las zonas controladas por el Gobierno de Madrid. Describe cambios preferentes, vigilancia de viviendas e identificación de cuentas, depósitos y cajas de seguridad suizas en bancos españoles. ↩
17. Ibid. La nota juzga negativamente el trato dado a los intereses comerciales suizos en zona gubernamental: control por consejos obreros anarquistas, mercancías entregadas sin pago, mantenimiento obligatorio de salarios, incautaciones y desplazamiento de directivos. La consigna aparece expresada como «Zeit gewinnen»: ganar tiempo. ↩
18. Ibid., nota relativa a la carta estrictamente confidencial de Motta de 1 de septiembre de 1936. Fontanel había propuesto inmovilizar los capitales españoles depositados en bancos suizos para compensar las pérdidas helvéticas sufridas en España. ↩
19. Ibid. Motta rechaza la medida alegando su carácter de represalia contra particulares, el riesgo para la reputación de Suiza como «refugio absolutamente seguro» y el hecho de que los fondos españoles depositados en el país pertenecerían probablemente sobre todo a sectores españoles de derecha próximos a Franco y Mola. ↩
20. Dodis 46324, Legación de España en Berna a la División de Asuntos Exteriores del Departamento Político, Berna, 20 de abril de 1937. La Legación republicana protesta contra la confiscación de dieciocho diarios publicados en territorio republicano, entre ellos La Vanguardia, y de impresos de la Generalitat de Cataluña, del Comisariado de Propaganda de Barcelona y del Ministerio de Propaganda de Valencia. ↩
21. Ibid., nota relativa a la respuesta del Departamento Político de 14 de mayo de 1937. Después de consultar al Ministerio Público, Berna vuelve a autorizar la entrada de La Vanguardia y solicita que varios periódicos suizos sean entregados normalmente a sus destinatarios en la España republicana. ↩
22. Carta de la Oficina Suiza de Expansión Comercial, firmada por Paul Brand, a P. Bonna, Zúrich, 1 de julio de 1937. Brand informa de las negociaciones desarrolladas en Salamanca y Burgos con el gabinete diplomático del jefe del Estado, la Secretaría de Estado dirigida por Nicolás Franco y la Junta de Burgos para alcanzar un acuerdo económico provisional sobre los intercambios hispano-suizos. ↩
23. Ibid. Las autoridades nacionalistas se niegan a firmar el acuerdo económico mientras Suiza no responda a la petición franquista de reconocimiento de la condición de parte beligerante, convirtiendo así el acuerdo comercial en instrumento de presión diplomática. ↩
24. Dodis 46370, Consejo Federal, acta de la sesión de 3 de agosto de 1937, n.º 1319, «Beziehungen der Schweiz zu der Regierung des Generals Franco». El informe detalla las relaciones de hecho con Bernabé Toca, representante oficioso de Franco en Berna, y las facilidades que se le conceden. ↩
25. Ibid. El informe señala que Suiza mantiene oficialmente relaciones con Valencia y relaciones de hecho con Franco, dejando abierta la cuestión de si estas equivalen a un reconocimiento de facto o como parte beligerante. Reconoce expresamente que puede reprocharse a la fórmula adoptada que realice prácticamente el reconocimiento sin declararlo. ↩
26. Dodis 46725, Asociación Suiza de Banqueros a P. Bonna, Basilea, 1 de diciembre de 1938. La Asociación recuerda la existencia de importantes intereses financieros suizos pendientes en España desde 1936 y solicita que las acreencias financieras sean tenidas en cuenta en las negociaciones comerciales con Burgos, especialmente si se conceden divisas libres. ↩
27. Ibid., anexo: carta urgente del Departamento Político al Departamento de Economía Pública, 2 de diciembre de 1938. El Departamento Político considera que las observaciones de la Asociación Suiza de Banqueros merecen plena atención y pide que los acreedores financieros reciban protección al menos equivalente a la de los acreedores por mercancías pendientes. ↩
28. Dodis 46764, H. Frölicher, ministro de Suiza en Berlín, a G. Motta, Berlín, 24 de enero de 1939. Frölicher propone estudiar el reconocimiento de jure de Franco en los territorios que controla sin romper inmediatamente con la República, reconociendo a cada Gobierno dentro de los límites del territorio efectivamente dominado. ↩
29. Ibid. Frölicher sostiene que semejante decisión demostraría una neutralidad suiza independiente del seguimiento de la política británica y favorecería el prestigio de Suiza ante los Estados autoritarios. ↩
30. Ibid. Motta anota la carta: «Dieser Brief ist sehr interessant. Er deckt sich mit den Auffassungen, die ich gestern ausgesprochen habe». Ese mismo día, el Consejo Federal acepta que se conceda audiencia al representante del Gobierno franquista en Suiza. ↩
31. E. Broyé a G. Motta, San Sebastián, 1 de febrero de 1939. Broyé considera que el reconocimiento de jure de Franco proporcionaría a Suiza importantes ventajas morales y materiales: facilidades de establecimiento, oportunidades comerciales, prioridad en contingentes, compensaciones, concursos e intercambios. Señala que el Gobierno nacional clasificará a sus amigos según el orden cronológico de su adhesión y que Alemania ya se ha llevado «la parte del león». ↩
32. Ibid. Broyé advierte de que un reconocimiento inmediato podría provocar una ruptura con Madrid y represalias contra ciudadanos suizos, sus bienes, la cancillería, la agencia consular de Valencia, los archivos y los asilados todavía bajo protección helvética. ↩
33. Dodis 46784, Consejo Federal, acta de la sesión de 14 de febrero de 1939, n.º 303, «Die Beziehungen der Schweiz zu der Regierung des Generals Franco». El informe comienza con la entrada de las tropas franquistas en Barcelona el 26 de enero de 1939 y la ocupación de Cataluña, definida como el territorio económicamente más importante de España y aquel donde se concentra ya la mayor parte de los intereses suizos. ↩
34. Ibid. El informe enumera los intereses suizos que deben defenderse ante Burgos: Nestlé, Dubler, Bébié, filiales aseguradoras suizas, cuentas corrientes y de ahorro, depósitos de títulos, anulación de colectivizaciones y municipalizaciones, levantamiento de incautaciones sobre máquinas, automóviles y mobiliario y restitución de antiguos propietarios y directivos. ↩
35. Ibid. El documento compara esos intereses con los todavía situados en territorio republicano: unos 120 suizos en Madrid, aproximadamente 100 en Valencia y Alicante, bienes depositados en la cancillería y 26 asilados españoles bajo protección suiza. Considera conveniente reforzar la posición de Broyé ante Burgos, incluso mediante el reconocimiento. ↩
36. Ibid. El Departamento Político propone solicitar el agrément para nombrar a E. Broyé enviado extraordinario y ministro plenipotenciario ante el Gobierno nacional español y comunicar al ministro republicano Fabra Ribas que el establecimiento de relaciones diplomáticas oficiales con Franco pone fin a las relaciones con su Gobierno. Broyé fue nombrado el 17 de febrero de 1939. ↩