Presentación de una investigación publicada por entregas y de los riesgos que entraña.

«Quitada, pues, la justicia, ¿qué son los reinos sino grandes latrocinios?»

San Agustín, La Ciudad de Dios, libro IV, capítulo 4.

Nombrar el sistema

Hay que empezar por la palabra, puesto que es ella la que causará escándalo.

No empecé por decidir que Franco era un padrino. Empecé por preguntarme por qué el vocabulario del clan, del favor, del silencio y de la mafia volvía tan a menudo cuando se trataba de los intereses constituidos bajo el franquismo.

La analogía no nació de una ocurrencia personal. Ya en 1970, Jesús Ynfante titulaba su investigación sobre el Opus Dei bajo Franco La prodigiosa aventura del Opus Dei. Génesis y desarrollo de la Santa Mafia.¹ Más tarde, los trabajos de Ángel Viñas, de Mariano Sánchez Soler y de Paul Preston documentaron, cada uno según su método, el enriquecimiento de Franco, el de su familia y la corrupción estructural que acompañó al régimen.²

La palabra me pareció al principio excesiva. Luego llegaron los textos, los archivos, las imágenes oficiales del NO-DO, los testimonios sobre el comportamiento de Carmen Polo, los recuerdos de la España de mi infancia y más de cincuenta años de lecturas.

Mis recuerdos no eran pruebas. Eran las preguntas a las que los archivos debían responder.

Poco a poco, la analogía dejó de ser una fórmula. Los mismos comportamientos volvían: el favor concedido como una deuda, el enriquecimiento autorizado como una correa, la familia situada por encima de la regla común, la justicia mantenida a distancia, los obligados protegidos mientras permanecían fieles. Y, detrás de todo ello, el miedo, pues no hay padrino sin el temor de lo que puede quitar, destruir o hacer desaparecer.

En el centro se hallaba siempre el mismo hombre. La palabra que acabó por definir mejor su función no fue ni general, ni dictador, ni siquiera Caudillo.

Esa palabra fue: padrino.

Desde dónde escribo

Lo admito y lo confieso, sin el menor mea culpa: miro esta historia desde la legitimidad y la legalidad republicanas.

La única autoridad española que, a mis ojos, siguió siendo legítima tras la derrota fue la del gobierno de la República en el exilio. No considero, pues, el franquismo como un gobierno español más, más autoritario que los que lo precedieron o lo sucedieron, sino como el poder instalado de forma duradera por una rebelión militar victoriosa.

Este punto de partida no es ni oculto ni vergonzante. No me dispensa de aportar las pruebas. Me obliga, al contrario, a distinguir lo que creo, lo que sé y lo que puedo demostrar. Pero me niego a colocar en el mismo plano al gobierno constitucional y a los militares que se sublevaron contra él, a los defensores de la legalidad y a quienes la destruyeron, a los fusilados y a los hombres que se apoderaron de sus bienes.

Sería llamar imparcialidad a lo que no sería, en realidad, más que una última victoria concedida a los vencedores.

Franco era un criminal

¿Por qué partir de la legalidad republicana? Porque, sencillamente, a la luz de las leyes españolas vigentes en julio de 1936, Franco era un criminal.

La palabra no es un insulto retrospectivo. Procede de la ley que Franco violó.

El artículo 238 del Código Penal de 1932 calificaba de rebeldes a quienes se alzaban pública y abiertamente en hostilidad contra el gobierno constitucional con el fin, entre otros, de destituir al jefe del Estado, de impedir que las Cortes se reunieran o deliberaran, de usurpar las funciones de los ministros o de sustraer cuerpos de tropas a la obediencia del gobierno.³ El Código de Justicia Militar castigaba igualmente la rebelión dirigida, sostenida o asistida por militares.⁴

Franco cometió precisamente los actos que esos textos definían y reprimían.

Nunca fue juzgado por ese crimen porque ganó la guerra, se apoderó de los tribunales y convirtió a los posibles acusadores en acusados. La ausencia de condena no prueba su inocencia. Mide la magnitud de su victoria.

A Franco no lo absolvieron. Se convirtió en el dueño del tribunal.

Su victoria le dio el Estado, el ejército, la policía, las cárceles y el poder de escribir sus propias leyes. No transformó el crimen inicial en acto legítimo. Solo permitió a sus autores cerrar la investigación, invertir las calificaciones y condenar por rebelión a quienes habían permanecido fieles al poder constitucional.

El franquismo produjo una legislación y la impuso durante casi cuarenta años. No niego su existencia jurídica efectiva. Le niego la virtud de blanquear su origen. Una legalidad fabricada por los vencedores puede organizar un Estado; no puede absolver el golpe de fuerza que les dio su posesión.

El reconocimiento posterior del régimen por potencias extranjeras no cambia nada. Reconocer un gobierno de hecho es constatar que controla un territorio y decidir mantener relaciones con él. No es ni legitimar su origen ni absolver sus crímenes. El reconocimiento diplomático obedece a relaciones de fuerza, a intereses económicos y a cálculos internacionales. No constituye un juicio.⁵

Las cancillerías no juzgan en apelación.

El régimen franquista fue, por tanto, un régimen criminal en su origen como en sus prácticas. Su victoria le dio el poder de imponer su legalidad. Nunca le dio el poder de legitimar el crimen por el que había nacido.

De historiadores e histriones

Por eso empleo también la palabra histriones.

Algunos preferirán quizá la de turiferarios. La encuentro menos exacta. El turiferario inciensa; el histrión actúa. Y un comediante que juega a historiador no deja por ello de ser un comediante.

No llamo histriones a los historiadores que discuten mis conclusiones, impugnan mis analogías o aportan documentos capaces de darme la contraria. Una investigación que rechazara la contradicción no sería más que un sermón acompañado de notas.

Llamo así a quienes actúan la imparcialidad tras haber retirado de la escena el hecho que estorba su representación: a la luz de las leyes españolas vigentes en julio de 1936, Franco había cometido el crimen de rebelión contra el gobierno constitucional.

Al comienzo no existían dos legitimidades equivalentes ni dos ejércitos igualmente rebeldes. Existían un gobierno constitucional y unos militares que se habían sublevado contra él. Que la guerra produjera después dos territorios, dos administraciones, dos aparatos militares y crímenes en ambas zonas no modifica la naturaleza del acto que la hizo posible.

Algunos historiadores, sin embargo, empiezan el relato después del allanamiento. Instalan al ocupante y al propietario en la misma habitación y luego los presentan como dos adversarios igualmente responsables de una disputa cuyo origen se perdería en la noche de las pasiones españolas.

Describen con minucia las violencias cometidas en la zona republicana, pero reducen la sublevación militar a un episodio casi administrativo: una revuelta, un pronunciamiento, una ruptura convertida en guerra porque cada bando se habría negado a ceder. La legalidad republicana desaparece, el crimen de rebelión se borra y la victoria militar acaba por producir su propia inocencia.

Una omisión aislada puede ser un error. Una omisión repetida, mantenida a pesar de los textos, se convierte en un método. Cuando un historiador conoce el Código Penal de 1932, describe la preparación del golpe de Estado, sigue los desplazamientos de los conspiradores, cuenta sus aviones, identifica a sus financiadores, pero nunca recuerda que la ley calificaba sus actos de crimen, el olvido deja de parecer un descuido. Se convierte en una elección de puesta en escena, pues no se calla por inadvertencia el único hecho que contraría el papel que uno se ha atribuido.

Un historiador que procede así no restituye la Historia. La representa. He ahí el histrión.

De la hipótesis a la anatomía

Por eso llamo al franquismo una mafia. Lo hago con pleno conocimiento de causa, sin el consuelo de las comillas que se disculpan ni la prudencia de la metáfora que se repliega.

El lector apresurado verá en ello un insulto. Sería leer mal. Un insulto no se demuestra: se lanza. Lo que emprendo aquí es lo contrario, una reconstrucción, episodio tras episodio y pieza tras pieza, de los hechos que autorizan a dar a este régimen el nombre que, al término de la investigación, me pareció que le convenía.

No pretendo identificar el franquismo con una mafia histórica concreta ni aplicarle retroactivamente una calificación penal concebida para una organización criminal clandestina. La palabra mafia designa aquí un modo histórico de funcionamiento: un sistema en el que el clan, la violencia, el favor, el enriquecimiento privado, el silencio, la protección de los obligados y la impunidad se sostienen mutuamente.

No se trata, pues, de una comparación decorativa. La palabra constituye una hipótesis al comienzo de la investigación y una conclusión si los hechos la confirman.

Los órganos de este sistema pueden enumerarse, datarse y documentarse: un clan familiar que acapara las funciones, los bienes y los privilegios bajo la protección de la violencia; un intercambio de favores que convierte a los beneficiarios en obligados; una ley del silencio basada en la complicidad y el miedo; una confusión organizada de lo público y lo privado, donde la autoridad se hace favor, el favor propiedad y la propiedad herencia.

Y, por encima de todo, la transmisión: esa facultad de hacer pasar el botín de una generación a otra hasta que se presenta como un patrimonio sin historia.

Hubo un financiador, que adelantó el capital del crimen y se hizo reembolsar con intereses. Hubo un padrino, que no se creía ladrón porque se creía propietario de la casa nacional. Hubo un «Monsignore», que bendijo el golpe de Estado convertido en cruzada y cambió la absolución por privilegios. Hubo un consejero para escribir las reglas, y luego otro para modernizarlas cuando el primero hubo cumplido su tiempo.

Hubo una familia para hacer fructificar, un contable de sangre para llevar los libros y toda una clase de obligados cosidos por el favor, retenidos por la amenaza. Hubo una extorsión que tomó el nombre de suscripción patriótica o de moneda republicana declarada «papel moneda enemigo».

Y hubo, bajo todo ello, sosteniéndolo todo, la violencia, sin la cual nada de lo anterior habría sido posible.

Los papeles están identificados. Queda aportar las piezas.

Una mafia convertida en Estado

Queda una objeción, y es la más seria. Quiero formularla yo mismo antes de que me la opongan.

Una mafia opera de ordinario contra el Estado, al margen de él, o busca penetrar en sus instituciones. Aquel clan se había convertido en el Estado y nada temía de él.

No corrompía a los jueces: los nombraba. No huía de la inspección de Hacienda: decidía que no tendría lugar. No buscaba solo eludir la ley: disponía del poder de escribirla, de suspenderla y de indultar a quienes ella alcanzaba.

No es, sin embargo, la sola absorción del Estado lo que funda la comparación. No toda dictadura constituye necesariamente una mafia. Lo que caracteriza el sistema estudiado aquí es el uso clánico, privativo y lucrativo del poder público: el Estado empleado para enriquecer, proteger y perpetuar a un grupo de intereses personales, familiares, políticos y económicos, mientras la violencia garantizaba el silencio de las víctimas y la fidelidad de los beneficiarios.

Lejos de debilitar la comparación, esta diferencia la agrava. El sistema ya no necesitaba eludir a la policía, la justicia o la administración, puesto que las había absorbido.

El crimen organizado sueña con la impunidad. El franquismo la obtuvo haciéndose ley.

Por eso hablo de un sistema casi perfecto. No por admiración, se habrá comprendido, sino porque el único defecto de una mecánica de impunidad es que un día la memoria, los archivos y la justicia pueden emprender su desmontaje.

El Caudillo y el padrino

La palabra Caudillo pertenecía a la representación oficial. Elevaba la autoridad personal al rango de vocación histórica: jefe militar, salvador providencial, padre de la nación, hombre situado por encima de los partidos y de los intereses.

La palabra padrino describe su reverso material: el que reparte los privilegios, protege a sus fieles, vigila a sus rivales, arbitra entre las facciones y garantiza la impunidad mientras se mantenga la lealtad.

El Caudillo era el personaje mostrado al pueblo; el padrino era la función ejercida en la casa del poder.

Franco no fue un doctrinario sistemático. Poseía un núcleo de convicciones perfectamente reconocible: nacionalismo español centralizador, catolicismo político, anticomunismo, militarismo, antiliberalismo y concepción jerárquica de la sociedad. Pero nunca permitió que una doctrina, una institución o una facción adquiriera una autoridad superior a la suya.

La Falange era fascista, los monárquicos tradicionalistas, la Iglesia nacionalcatólica y los tecnócratas desarrollistas. Franco utilizaba a sus hombres y sus lenguajes, y luego los apartaba cuando amenazaban con ocupar demasiado espacio.

La cuestión decisiva no era: ¿pensaban como él? Era: ¿seguían con él?

Las doctrinas podían cambiar. La dependencia debía permanecer.

Mantenía a su alrededor familias rivales: militares, falangistas, monárquicos, carlistas, prelados, tecnócratas, banqueros e industriales. Velaba por que ninguna pudiera existir políticamente sin su arbitraje.

No suprimía sus rivalidades: las administraba. Cada una podía esperar de él un favor y temer su desgracia.

El Caudillo era el nombre oficial de la autoridad. El padrino era su funcionamiento real. Entre ambos se hallaba el miedo.

El miedo como principio de gobierno

No hay padrino sin miedo, ni poder mafioso sin la certeza de que una protección puede ser retirada.

El terror del padrino no reside solo en las violencias que ordena. Radica en la convicción de que puede golpear, arruinar, hacer caer en desgracia, abandonar o entregar, y de que ninguna autoridad superior vendrá a proteger a quien él ha condenado.

El verdadero poder del padrino comienza cuando la violencia ya no necesita ejercerse a cada instante. Una vez consumadas las matanzas, las ejecuciones, las desapariciones, los encarcelamientos y los expolios, su recuerdo basta para aleccionar a los supervivientes.

El terror se vuelve un conocimiento colectivo. Cada cual sabe lo que puede ocurrir.

Se da sin que sea necesario reclamar con brutalidad. Se calla sin recibir una orden. Se anticipa el deseo del jefe. Se vigila al vecino. Se convierte la sumisión en fidelidad ostensible.

El terror se convierte así en un crédito: el padrino no necesita matar hoy porque todos saben que mató ayer y que puede volver a hacerlo mañana.

Este miedo atraviesa todo el folletín. Se agazapa tras las suscripciones llamadas patrióticas, pues no dar podía señalar a un sospechoso. Acompaña la entrega de la moneda republicana, pues tras el recibo se perfilaba el pelotón. Retiene a los obligados, porque quien se ha enriquecido por el favor sabe que puede ser perdido por quien se lo concedió. Protege a la familia, impone el silencio y convierte la fidelidad en un reflejo de supervivencia.

La violencia no constituye, pues, un episodio más. Es el medio en el que funcionan el don, el favor, el enriquecimiento y el silencio.

Sin ella, el sistema no habría sido más que una corrupción de corte. Con ella, se convirtió en un orden político.

El método contra la afirmación gratuita

Unas palabras ahora sobre el método, pues es él lo que separa la investigación de la afirmación gratuita.

Nunca pretenderé sumar cifras que no miden lo mismo. Un saldo bancario de 1940, un testamento de 1975, una estimación periodística y el activo de una sociedad de 2019 son cuatro objetos distintos. Confundirlos produce un titular, no una verdad.

Cada afirmación vertida en estas páginas se clasificará en una de tres categorías, y el lector sabrá siempre en cuál:

1. Lo que está establecido por una fuente identificable y verificable.
2. Lo que está firmemente respaldado por testimonios o fuentes concordantes, pero aún espera la pieza decisiva.
3. Lo que permanece hipotético, discutido o insuficientemente documentado, y se presentará explícitamente como tal o se descartará.

Allí donde el archivo no vincule una suma precisa a una cuenta precisa, describiré el sistema sin inventar la transferencia.

Sobre la fortuna suiza, en particular, mantendré hasta el final lo que los documentos publicados autorizan, y ni una palabra más: una pista real, sociedades offshore documentadas, viajes atestiguados y la ausencia, hasta hoy, del extracto bancario que cerraría la demostración.

El trabajo serio consiste en decir dónde se detiene la prueba, y luego en examinar por qué ciertas pruebas nunca se buscaron, se volvieron inaccesibles o desaparecieron.

Esta prudencia no constituye un retroceso ante la conclusión. Es lo que da a la conclusión el derecho a ser tajante.

La mordacidad para los poderosos, la sobriedad para las víctimas

Unas palabras, en fin, sobre el tono, pues obedece a una regla simple. La mordacidad irá a las instituciones y a los poderosos, nunca a las víctimas.

Esta regla me viene también de una historia que me contaba mi tío, un vasco de Vitoria. En una colina llamada Judimendi, el monte de los Judíos, se hallaba el cementerio de la comunidad expulsada en 1492. La ciudad había prometido respetar ese lugar y mantuvo su palabra durante siglos. El lugar existe todavía, señalado por una estela y conservado en la memoria cultural de Euskadi.⁶

El reino había expulsado a los vivos; Vitoria había jurado guardar a sus muertos.

De ese relato me quedó una convicción: los poderosos pueden ser entregados a la ironía, pero las víctimas nunca deben ser despojadas por segunda vez. Cuando un pueblo dice no a la fuerza, ese no puede atravesar los siglos.

Sobre el café revendido a su propio gobierno, sobre el yerno que cruzaba la aduana sin pagar, sobre el obispo que bendecía los pelotones, la ironía está permitida porque se apoya en un hecho.

Pero sobre los ejecutados, sobre las viudas a las que se declaró deudoras tras haber fusilado a su marido, sobre los presos, los deportados y los desaparecidos, no habrá una sola pulla, ni un golpe de ingenio: nada más que la exactitud desnuda.

Ante ellos, la sobriedad es toda la ironía de la Historia.

Una dictadura totalitaria

Que no haya equívoco sobre la naturaleza del régimen que estas páginas reconstruyen.

Califico el franquismo de dictadura totalitaria.

Lo califico así por su proyecto fundacional, por su aparato de coacción y por su pretensión de regir al individuo por entero. El régimen se definía a sí mismo, ya en el preámbulo del Fuero del Trabajo del 9 de marzo de 1938, como un «instrumento totalitario al servicio de la integridad patria».⁷

Esta calificación no significa que el franquismo permaneciera exteriormente idéntico a sí mismo durante casi cuatro décadas. Cambió de personal, de lenguaje, de política económica y de fachada internacional. La Falange perdió parte de su influencia, los tecnócratas ocuparon su lugar en el aparato y la propaganda adaptó su vocabulario a las necesidades del momento.

Estas transformaciones no suprimieron, sin embargo, ni la matriz fundacional del régimen, ni la concentración personal del poder, ni la supresión del pluralismo, ni el encuadramiento político, religioso y policial de la población. Modificaron los medios sin abolir el principio.

La forma cambió. La realidad del poder permaneció.

La esencia del franquismo no se disipó con Franco. Los hombres, las administraciones, los reflejos policiales, las lealtades y las impunidades no desaparecieron el día de su muerte. El 3 de marzo de 1976, en Vitoria, la Policía Armada atacó una asamblea de trabajadores reunida en una iglesia. Cinco hombres murieron y más de un centenar de personas resultaron heridas.⁸

Franco había muerto. El aparato sabía todavía disparar.

Tras la matanza, un ministro aún podía resumir en cuatro palabras la concepción del poder que acababa de hablar: «La calle es mía».

No clasifico, pues, el franquismo por su sola propaganda, como tampoco por el solo resultado de sus ambiciones. Lo juzgo a la vez por su proyecto, su aparato, sus prácticas y su voluntad declarada de controlar la existencia hasta en el exilio.

Un régimen que reivindicó él mismo la palabra totalitario no espera de mí que le encuentre, a posteriori, atenuantes de vocabulario.

Los riesgos de la investigación

Esta empresa comporta riesgos, y el primero sería creer que el escándalo de la palabra basta para demostrar la cosa.

La palabra mafia atrae la atención. También puede devorar el razonamiento, convertir la investigación en espectáculo y dar al autor la ilusión de que la violencia de la fórmula lo dispensa de la precisión del hecho. No quiero esa facilidad.

El segundo riesgo sería acumular cifras hasta producir una fortuna imaginaria más imponente que la fortuna real. Un cero añadido, una moneda mal convertida o dos evaluaciones incompatibles sumadas bastarían para ofrecer a los defensores del régimen el pretexto que esperan para descartar todo el expediente.

El tercer riesgo sería convertir una sospecha verosímil en certeza publicada. Una sociedad offshore, un viaje a Suiza, una relación bancaria y un patrimonio inexplicado pueden dibujar una pista. No constituyen automáticamente el extracto de la cuenta buscada.

El cuarto riesgo sería confundir la mordacidad con la frivolidad. La ironía que golpea a los poderosos puede iluminar un mecanismo. La que roza a las víctimas mancha a quien la escribe.

El quinto riesgo sería, en fin, jugar yo mismo a histrión, tomar la pose del acusador por una prueba y creer que mi indignación me daría la razón. No me da ningún derecho particular. Solo me impone mayor rigor.

Asumo, pues, el riesgo de disgustar, no el de inventar.

Se podrá impugnar la palabra, discutir la comparación, recusar una interpretación o aportar un archivo en contra. No se podrá responder con seriedad a esta investigación sino entrando en los hechos.

Ahí es donde la espero.

El recorrido de la investigación

El folletín seguirá los papeles, uno por episodio, con un principio que los une a todos: la impunidad.

Comenzará por el dinero, porque todo comenzó por el dinero: el banquero contrabandista que financió el alquiler del avión destinado a la sublevación. Remontará luego hacia el padrino, el «Monsignore», los consejeros, los tecnócratas, la familia, la extorsión y los obligados.

Mostrará quién produjo realmente el pretendido «milagro español», cómo las divisas del turismo y de la emigración contribuyeron a sanear la economía y a blanquear la imagen internacional de la dictadura, y luego cómo el propio litoral fue entregado a los favoritos del régimen.

Se detendrá largamente en la violencia, no como en un episodio aparte, sino como en la condición de todos los demás. Seguirá después a los sicarios más allá de las fronteras, hasta el exilio que los vencidos habían creído protector.

Por último, examinará la construcción de la impunidad: la investigación impedida del juez Baltasar Garzón, la ley de amnistía de 1977, la razón de Estado, la continuidad de los aparatos y la ley del silencio que algunos descendientes de responsables franquistas eligieron romper.

Asumo plenamente esta palabra y esta empresa. No por gusto del estruendo, sino porque llega un momento en que negarse a nombrar una cosa se convierte en una manera de protegerla.

Ese momento, para mí, ya ha pasado.

Notas

1. Jesús Ynfante, La prodigiosa aventura del Opus Dei. Génesis y desarrollo de la Santa Mafia, París, Ruedo Ibérico, 1970. Ficha bibliográfica. ↩
2. Véanse en particular Ángel Viñas, La otra cara del Caudillo. Mitos y realidades en la biografía de Franco, Crítica, 2015; Mariano Sánchez Soler, Los Franco S. A. y Los ricos de Franco; Paul Preston, Franco, Caudillo de España. Presentación de la obra de Ángel Viñas. ↩
3. Código Penal español de 1932, artículo 238, Gaceta de Madrid, 5 de noviembre de 1932. Texto oficial. ↩
4. Código de Justicia Militar de 1890, en particular los artículos 237 a 242. Texto oficial. ↩
5. Sobre la naturaleza política y jurídica del reconocimiento de los gobiernos de hecho, véase el informe del Comité Jurídico Interamericano. ↩
6. En 2019, la comunidad judía de Euskadi rindió oficialmente homenaje a Vitoria-Gasteiz por haber respetado durante 526 años su compromiso con el antiguo cementerio de Judimendi. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. ↩
7. Fuero del Trabajo, 9 de marzo de 1938. Sobre la definición del nuevo Estado como «instrumento totalitario», véase este estudio publicado en el Anuario de Historia del Derecho Español. ↩
8. Sobre los hechos del 3 de marzo de 1976 y las responsabilidades políticas, véase el informe de la comisión especial del Parlamento Vasco. ↩