Manuel Fraga Iribarne: del franquismo a Alianza Popular (1944-1977)

Manuel Fraga Iribarne fue uno de los principales responsables políticos del franquismo antes de convertirse en fundador de Alianza Popular. Ministro de Información y Turismo de Franco entre 1962 y 1969, y después ministro de la Gobernación en 1975-1976, encarna una continuidad política singular entre la dictadura franquista y los primeros años de la Transición española.

Manuel Fraga: una carrera construida dentro del Estado franquista

Manuel Fraga Iribarne nació el 23 de noviembre de 1922 en Villalba, provincia de Lugo, en Galicia. Jurista precoz, obtuvo en mayo de 1948, con veinticinco años, la cátedra de Derecho Político de la Universidad de Valencia, antes de acceder en 1953 a la de Teoría del Estado y Derecho Constitucional de la Universidad de Madrid, que ocuparía hasta 1987.¹

Pero la universidad fue para él apenas una base: desde mediados de los años cuarenta, Fraga entró en el aparato institucional del Estado franquista y construyó allí una carrera estrechamente ligada a las estructuras del régimen.

En 1945 se convirtió en letrado de las Cortes franquistas, la asamblea corporativa del régimen. Después fue ascendiendo metódicamente por los escalones del Movimiento Nacional, estructura política alrededor de la cual Franco organizó el poder nacido de la victoria militar.

Secretario general del Instituto de Cultura Hispánica en 1951, colaborador del Ministerio de Educación bajo Joaquín Ruiz-Giménez, del que se distanció tras su caída en 1956, consejero nacional de Educación, procurador en Cortes: a los treinta años, Fraga era ya un producto acabado del franquismo institucional, más tecnócrata del régimen que ideólogo de calle.

En 1961 asumió la dirección del Instituto de Estudios Políticos, uno de los principales laboratorios doctrinales del régimen. Desde allí teorizó una modernización prudente del franquismo: abrir económica y administrativamente sin cuestionar el principio autoritario ni la figura del Caudillo.

La tesis de 1944: nacionalcatolicismo, derecho y guerra justa

Antes de ser ministro, antes incluso de ser profesor, Fraga fue un doctor en Derecho extraordinariamente joven. El 27 de octubre de 1944, con veintidós años, defendió en la Universidad de Madrid una tesis que obtuvo la calificación de sobresaliente y el premio extraordinario. Publicada en 1947 por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), dentro del Instituto Francisco de Vitoria, llevaba por título Luis de Molina y el Derecho de la Guerra. El texto íntegro puede consultarse hoy en facsímil digitalizado.²

El tema parece de una erudición austera. Luis de Molina (1535-1600) fue un teólogo jesuita de la segunda escolástica, heredero de la Escuela de Salamanca —la de Francisco de Vitoria y Francisco Suárez—, a la que la historia del derecho vincula parte de los fundamentos del derecho de gentes y de la doctrina de la guerra justa.

Fraga estudia el Tractatus de bello, extraído del gran tratado De iustitia et iure, y sostiene una tesis de historiador del derecho: Molina, injustamente relegado a pesar de ser «constantemente citado por Grocio», fue un verdadero jurista además de teólogo. El trabajo coloca, además, como epígrafe a san Agustín, remoto padre de la teoría de la guerra justa.

Pero la elección de semejante tema en 1944 no es inocente, y el prólogo lo confirma. En él aparece, ante todo, un marco intelectual enteramente nacionalcatólico. Fraga parte de un diagnóstico de crisis de la modernidad y propugna un retorno «a lo clásico, cristiano y occidental». Su profesión de fe metodológica constituye un rechazo frontal del positivismo jurídico:

« No hay posibilidad de verdadera ciencia jurídica si el Derecho no se inscribe en un sistema total y satisfactorio del mundo. »

El derecho debe quedar, por tanto, subordinado a un orden moral y teológico que lo trasciende. Esta concepción se inscribe en la matriz doctrinal del nacionalcatolicismo y puede relacionarse con la concepción general de el Estado franquista y su pretensión de organizar el conjunto de la vida política y social.

A ello se añade un gesto patriótico tanto como erudito. Fraga reivindica la Escuela de Salamanca como patrimonio propiamente español frente a lo que presenta como una moda de «importación» extranjera: sería la España católica, y no los modernos, la que habría fundado el derecho de gentes. Se reconoce aquí la ideología de la Hispanidad, la España imperial y misionera erigida en madre del derecho internacional.

Señala, además, que «la materia es hoy de la más viva actualidad»: Europa está entonces en guerra.

Finalmente, una adhesión expresamente proclamada. Fraga ofrece su obra «al servicio de Dios y de España», con el «entusiasmo juvenil» de sus veintidós años, y la dedica a sus dos decanos, entre ellos Fernando María Castiella, coautor en 1941 del manifiesto imperialista Reivindicaciones de España y futuro ministro de Asuntos Exteriores de Franco. La dedicatoria pertenece a la cortesía académica; el medio intelectual y político que designa merece, en cambio, ser señalado.

El sobresaliente corona, por tanto, un talento universitario inscrito en un entorno ideológico preciso. En 1944, elegir la escolástica salmantina y la guerra justa era también adoptar una genealogía intelectual valorizada por el franquismo: derecho natural católico frente al liberalismo, autoridad inscrita en un orden superior, reafirmación de la misión histórica de España.

Ya se adivina ahí el Fraga de la madurez: el legalista que reviste la autoridad de erudición, el hombre para quien la libertad solo puede pensarse dentro de un orden superior.

La ironía histórica merece, por último, ser subrayada. El futuro ministro de Información, responsable político de un sistema de control de la prensa, la edición y la creación —el hombre de la «Ley Fraga» de 1966 y defensor público de la ejecución de Julián Grimau— había comenzado su vida intelectual con una tesis dedicada a los límites morales y jurídicos de la guerra.

Ministro de Información y Turismo: propaganda, turismo y censura (1962-1969)

El 10 de julio de 1962, Franco nombró a Fraga ministro de Información y Turismo. Permanecería siete años en el cargo, y fue allí donde construyó su imagen de hombre de la «apertura» (aperturismo), una apertura que seguía estando estrechamente controlada.

Su balance ilustra perfectamente esa ambivalencia. Por un lado, encarna la modernización de la imagen internacional del país y participa en la promoción turística de una España cada vez más abierta a los visitantes y al capital extranjero. Por otro, sigue siendo el responsable político de un ministerio encargado de la propaganda y del control de la información de una dictadura.

Dos episodios de 1966 resumen especialmente esa política. En enero, un bombardero estadounidense B-52 perdió cuatro bombas termonucleares tras una colisión aérea sobre Palomares, en la provincia de Almería. Para tranquilizar a la opinión internacional, Fraga se bañó ante las cámaras junto al embajador de Estados Unidos.

Esa misma primavera se promulgó la Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, conocida como «Ley Fraga».³ Suprimió parte del sistema de censura previa, pero no eliminó el control político. La coerción cambió de mecanismo: responsabilidades de los directores de publicación, posibilidad de secuestros, sanciones administrativas y límites muy amplios impuestos a la libertad de expresión mantuvieron un régimen de autocensura.

Esta legislación y su aplicación forman parte de la historia más general de la censura franquista. El caso de Agustín Gómez-Arcos, que dirigió personalmente a Fraga en octubre de 1966 una larga carta exponiendo las prohibiciones que pesaban sobre su obra y la imposibilidad material de ejercer su oficio en España, muestra concretamente sus efectos.

Fraga asumió también públicamente la vertiente represiva del régimen. En abril de 1963, el dirigente comunista Julián Grimau fue juzgado por un tribunal militar y ejecutado a pesar de una amplia campaña internacional en favor de su indulto. Como ministro de Información, Fraga participó en la defensa pública de la decisión del régimen.

En 1965 era también miembro del Gobierno cuando se adoptaron medidas contra varios universitarios antifranquistas, entre ellos Enrique Tierno Galván y José Luis López Aranguren.

Su paso por el Gobierno terminó en octubre de 1969. El escándalo Matesa y los enfrentamientos internos entre distintos sectores del régimen provocaron una amplia remodelación ministerial: Fraga quedó fuera del gabinete.

Embajador en Londres y preparación política del posfranquismo (1969-1975)

Alejado del Gobierno, Fraga fue reinventándose progresivamente. Entre 1973 y 1975 fue embajador de España en Londres. La estancia británica tuvo importancia en su trayectoria: observó el parlamentarismo y el conservadurismo británicos y preparó políticamente el después de Franco.

Estableció contactos con determinados sectores de la oposición y desarrolló la idea de una evolución controlada del sistema, concebida desde las instituciones existentes y no como ruptura con ellas.

Tras la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, Fraga regresó a España con la ambición de convertirse en uno de los principales organizadores de la nueva etapa política.

Ministro de la Gobernación: Fraga, Vitoria y el orden público en 1976

En diciembre de 1975, dentro del primer Gobierno de la monarquía presidido por Carlos Arias Navarro, Fraga fue nombrado ministro de la Gobernación —ministerio competente, entre otras materias, sobre el orden público— y vicepresidente del Gobierno para Asuntos del Interior. Quería presentarse como arquitecto de una reforma prudente, pero se encontraba al mismo tiempo en la cúspide política de un aparato policial y represivo heredado en gran medida de la dictadura.

Los meses siguientes estuvieron marcados por una intensa conflictividad social y varios episodios represivos. El más grave se produjo el 3 de marzo de 1976 en Vitoria-Gasteiz. La Policía Armada intervino contra varios miles de trabajadores reunidos en asamblea en la iglesia de San Francisco de Asís, en Zaramaga. Cinco trabajadores murieron y muchos otros resultaron heridos.

Fraga se encontraba entonces de viaje oficial en la República Federal de Alemania. Durante su ausencia, Adolfo Suárez asumía interinamente el Ministerio de la Gobernación. Esa circunstancia no modifica la estructura política del acontecimiento: Fraga seguía siendo el titular del ministerio del que dependían las fuerzas encargadas del orden público. El episodio y el funcionamiento del aparato gubernamental durante aquellos meses se analizan con mayor amplitud en El enterrador de la apertura.⁴

Fraga viajó después a Vitoria y visitó a algunos heridos. Los acontecimientos se convirtieron en uno de los símbolos más duraderos de la persistencia de la violencia institucional al comienzo de la Transición.

A esta época pertenece también la fórmula que se le atribuye: «la calle es mía». Fraga negó tanto la formulación como la atribución literal. La frase debe utilizarse, por tanto, como una expresión históricamente asociada a su imagen de hombre de orden, no como una cita segura y documentada.

El Gobierno de Arias Navarro, incapaz de conducir la reforma política al ritmo que la sociedad española imponía ya, cayó en julio de 1976. Juan Carlos I eligió a Adolfo Suárez como sucesor. Fraga, apartado del centro del Gobierno, se orientó entonces hacia la organización partidista de la derecha.

Alianza Popular: antiguos ministros franquistas y las elecciones de 1977

En el otoño de 1976, Fraga reunió a su alrededor a varias personalidades procedentes del franquismo y participó en la creación de Alianza Popular. La coalición agrupaba, entre otros, a varios antiguos ministros del régimen de Franco. El historiador Miguel Ángel del Río Morillas ha estudiado esta formación como la confluencia de distintos proyectos de «supervivencia franquista» dentro del nuevo marco político.⁵

La apuesta de Fraga consistía en ofrecer una salida electoral a una parte de las élites y sectores conservadores procedentes del régimen, aceptando progresivamente el nuevo marco representativo sin hacer de la ruptura con el franquismo una condición previa para su entrada en la democracia. Esta continuidad política se examina también en Los rentistas del olvido.

El 15 de junio de 1977 se celebraron las primeras elecciones generales democráticas desde febrero de 1936. El resultado fue una decepción para Fraga: Alianza Popular obtuvo alrededor del 8 % de los votos y dieciséis escaños en el Congreso, muy lejos de la Unión de Centro Democrático de Adolfo Suárez.

Fraga fue, no obstante, elegido diputado por Madrid bajo las siglas de Alianza Popular.⁶ Después fue designado como uno de los siete miembros de la ponencia encargada de elaborar el anteproyecto de la Constitución de 1978.⁷

Alianza Popular atravesaría varias transformaciones antes de su refundación con el nombre de Partido Popular en 1989. La trayectoria de Fraga se convirtió así en uno de los ejemplos más visibles del paso de una parte del personal político del franquismo a las instituciones de la España democrática.

Fraga como continuidad política entre el franquismo y la Transición

El interés histórico de Manuel Fraga no reside únicamente en su longevidad política. Su trayectoria conecta varios periodos que los relatos demasiado compartimentados tienden a separar: formación intelectual en la España nacionalcatólica de los años cuarenta, integración en las instituciones franquistas, ministerio y control de la información durante los años sesenta, mantenimiento del orden en el primer Gobierno de la monarquía y, después, creación de una gran corriente política conservadora tras Franco.

Sería reductivo negar las transformaciones posteriores de Fraga o su papel en la elaboración de la Constitución de 1978. Sería igualmente reductivo hacer comenzar su biografía política con la democracia. Su participación en el nuevo orden constitucional forma parte de su historia; su largo servicio en las instituciones de la dictadura, también.

En 1977 termina así el periodo estudiado aquí: el de un hombre que entró al servicio del Estado franquista en los años cuarenta, se convirtió en uno de los rostros de su modernización durante los sesenta, fue ministro encargado del orden público inmediatamente después de la muerte de Franco y terminó fundando una formación política llamada a ocupar un lugar duradero en la derecha española.

---

Fuentes y referencias

1. Universidad Carlos III de Madrid, base histórica de catedráticos y universitarios españoles, «Fraga Iribarne, Manuel (1922-2012)»: formación universitaria, doctorado, carrera docente y funciones públicas. Consultar la ficha. Véase también la Real Academia de la Historia, Historia Hispánica, entrada «Manuel Fraga Iribarne»: consultar la biografía. ↩

2. Manuel Fraga Iribarne, Luis de Molina y el Derecho de la Guerra, Madrid, Consejo Superior de Investigaciones Científicas, Instituto Francisco de Vitoria, 1947. Ejemplar digitalizado: Internet Archive, texto íntegro. La ficha universitaria de la Universidad Carlos III confirma la defensa de la tesis el 27 de octubre de 1944, la calificación de sobresaliente y el premio extraordinario. ↩

3. Boletín Oficial del Estado, Ley 14/1966, de 18 de marzo, de Prensa e Imprenta, publicada en el BOE de 19 de marzo de 1966. Texto oficial consolidado en el BOE. ↩

4. RTVE, archivos sonoros, dossier dedicado a los sucesos de Vitoria del 3 de marzo de 1976: la Policía Armada intervino contra la asamblea obrera cuando Manuel Fraga era ministro de la Gobernación, departamento competente en materia de seguridad pública. Consultar el dossier de RTVE. Sobre el contexto político de Vitoria y del Gobierno Arias-Fraga, véanse también los trabajos universitarios dedicados a las violencias de la Transición. ↩

5. Miguel Ángel del Río Morillas, «El nacimiento de Alianza Popular como confluencia de proyectos de supervivencia franquista (1974-1976)», Segle XX. Revista catalana d’història, n.º 9, 2017, pp. 107-134. Consultar el artículo en la Universidad de Barcelona. ↩

6. Congreso de los Diputados, ficha parlamentaria de Manuel Fraga Iribarne para la Legislatura Constituyente de 1977-1979: diputado por Madrid y miembro del Grupo Parlamentario de Alianza Popular. Consultar la ficha oficial. ↩

7. Congreso de los Diputados, historia de la elaboración y aprobación de la Constitución española de 1978. La ponencia constitucional estaba integrada por Jordi Solé Tura, Miquel Roca Junyent, José Pedro Pérez-Llorca, Gregorio Peces-Barba, Miguel Herrero de Miñón, Manuel Fraga Iribarne y Gabriel Cisneros. Consultar la fuente oficial. ↩